Construir en clave sostenible

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Financiación. Para una construcción con garantías económicas.

Propuestas para pasar del diagnóstico a la acción en la rehabilitación de vivienda.

Por: Eduardo Brunet

Director General de Green Finance Institute (GFI) en España

La rehabilitación de vivienda es uno de los desafíos que mejor nos demuestran que la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental son conceptos inseparables. Cada vivienda con baja eficiencia energética no solo implica un riesgo para el ecosistema, por sus mayores emisiones, sino también para el bienestar social, ya que devalúa la calidad de vida de quien reside en la vivienda. La salud de nuestro planeta y de nuestra sociedad pasan, necesariamente, por la sostenibilidad del parque de vivienda.

 

Afortunadamente, la necesidad de actuar es una convicción compartida por buena parte del sector público y
privado. La celebración de foros como el I Congreso Nacional “Construir en clave sostenible”, organizado por el Observatorio 2030 del CSCAE, con la colaboración de Saint-Gobain y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, o la creación de órganos como el Consejo de Finanzas Sostenibles, en el que GFI España participa como vocal, demuestran que tenemos un compromiso y un diagnóstico común. La crisis de la vivienda y la urgencia climática nos animan a ir un paso más allá. Es el momento de pasar de las palabras a la acción.

¿Cuál es la situación actual? La urgencia de actuar


Los datos son claros: es urgente acelerar la transformación del parque de viviendas. En España, más de la mitad de los 26 millones de edificios fueron construidos antes de 1980, cuando aún no existían criterios de eficiencia. En torno al 80% presentan una calificación energética E, F o G.

Esta ineficiencia tiene un coste directo para los hogares, que soportan facturas energéticas cada vez más volátiles; y para el planeta, ya que los edificios son responsables del 40% del consumo de energía y de más del 36% de las emisiones de CO₂ en la UE. De nuevo, la salud del planeta y el bienestar social están claramente vinculados en torno a la vivienda.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) plantea la rehabilitación de 1,38 millones de viviendas para 2030, una ambición que requiere una movilización de capital sin precedentes, de los cuales más del 80% debe proceder del sector privado, según el propio Plan.

Si bien los fondos europeos han sido fundamentales, su alcance es finito y deben concebirse como lo que son: una palanca. Su eficacia no se mide por su cuantía, sino por su capacidad de movilizar demanda y capital privado por cada euro público. Para lograr este efecto multiplicador es imprescindible encontrar soluciones financieras que nos permitan construir un verdadero ecosistema de inversión sostenible.

¿Qué podemos hacer? Algunas propuestas para ir más allá del diagnóstico

 

Para desbloquear la rehabilitación a escala se requiere un enfoque integral con palancas para la ciudadanía, las comunidades de propietarios y los inversores. Un enfoque que dinamice y agregue demanda, contribuya a generar carteras de proyectos a escala local y fomente una regulación ágil que dé certidumbre a la inversión. Algunas soluciones financieras innovadoras para avanzar en su construcción:

 

● Para la ciudadanía, el mayor reto es el coste inicial. La clave está en el acceso a la financiación, decisiva para el 75% a la hora de acometer mejoras en su vivienda, según nuestro estudio. Debemos habilitar modelos que minimicen este desembolso.

    • Un ejemplo es la financiación en factura (on-bill financing), que permite pagar la inversión con los ahorros generados en la factura energética.
    • El modelo PACE, basado en contribuciones municipales voluntarias para canalizar y asegurar la financiación, es otro instrumento que aún espera reformas normativas para poder desarrollarse en España.

 

● Para las comunidades de propietarios, resulta imprescindible profesionalizar la gestión y dar señales positivas que faciliten la toma de decisiones.

    • Los nuevos umbrales de eficiencia que marca la Directiva de Eficiencia en Edificios (EPBD), deberían traducirse en integrar la contaminación climática de los edificios dentro de los deberes de conservación de los edificios que consagra la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que se agilice las tomas de decisión, así mismo sería conveniente resolver la cuestión de la personalidad jurídica de las comunidades de propietarios para evitar la prima de coste de capital para las instituciones financieras.

 

● Para el sector terciario y el sector público, es necesario la dinamización de estructuras novedosas de financiación a largo plazo que no tengan impacto en su balance o vengan acompañadas de sistemas de mitigación que faciliten la canalización de financiación a escala.

    • Los Contratos de Rendimiento Energético (CRE) y sistemas de servitización (efficiency as a service), mediante el cual una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) asume el riesgo técnico del proyecto y los propietarios pagan por ahorros, son una herramienta clave con un gran potencial por explorar.
    • Los seguros de ahorro energético, poco desarrollados en España, también pueden ayudar a mitigar el riesgo sobre la estimación de ahorros.

 

●  Finalmente, para el mercado y los grandes inversores debemos impulsar nuevos vehículos de inversión para atraer capital privado e institucional a gran escala.

    • La financiación mixta (blended finance), que combina capital público y privado, ha demostrado ser un modelo exitoso en otros países. Los fondos públicos actúan como garantía o capital concesional para atraer y multiplicar la inversión privada.
    • Otra vía prometedora son los bonos verdes locales, que permiten a los municipios financiar directamente carteras de proyectos de rehabilitación, creando oportunidades de inversión estandarizadas y de gran volumen.

 

Los últimos años nos han enseñado que la alianza entre finanzas y edificación trasciende la obligación medioambiental, convirtiéndose en una oportunidad histórica para modernizar nuestra economía y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Es urgente un compromiso de país que desbloquee soluciones como las propuestas. La sociedad y el planeta no pueden esperar: es momento de pasar del diagnóstico a la acción.

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