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Cualquier persona que viva en un edificio construido hace más de 30 años ha tenido que bregar con reformas. Derramas muchas veces aceleradas o acrecentadas por un mal mantenimiento de la finca, un mal uso de espacios comunes o una errada solución previa. Casi nunca han sido experiencias positivas: los relatos son más bien de cierto sufrimiento, obras precipitadas y una generalización del descontento con el resultado o los tiempos. También se acumulan las dudas o arrepentimientos sobre las decisiones tomadas en la gestión o el profesional al que se ha recurrido.
Las comunidades de propietarios están, por tanto, muy acostumbradas a rehabilitar en un sentido amplio de la palabra. Los edificios cumplen años, se deterioran o surgen normativas que obligan a realizar cambios. En ocasiones, también se realizan obras motivadas por una necesidad, como la instalación de un ascensor si hay personas mayores o la instalación de placas solares o aislamiento. En estas últimas, las denominadas de eficiencia energética, suele ser un factor determinante la oportunidad de las ayudas, aunque cada vez esté más extendida la idea de que las subvenciones son un camino complejo, lento y poco satisfactorio.
Pero vuelvo a la idea de que las comunidades de propietarios están más que acostumbradas a rehabilitar. El problema es que lo hacen de forma parcial y desordenada, sin ser conscientes de lo que ocurre en el conjunto del edificio o lo que se provoca con esa actuación en el resto del inmueble. Y no contar con una planificación adecuada, con una visión global del edificio, de lo físico y lo temporal, con un buen diagnóstico y un plan de actuaciones a medio plazo, tiene consecuencias negativas: lleva a tomar decisiones precipitadas, desgasta y eleva los costes. Contar con un plan de mantenimiento y rehabilitación a medio plazo, debería ser obligatorio en cualquier edificio de cierta edad. Pero para que ese plan no se quede en un cajón, desde la administración se ha de pensar con seriedad cómo se implementa. Es fundamental que se interiorice en la gestión de los edificios, como un cambio cultural, resultando verdaderamente útil y práctico, y llevando a las comunidades de propietarios y a las personas que allí habitan a vivir mejor.
Porque este es el objetivo que debería estar detrás de cualquier política de rehabilitación: que las personas vivan mejor. Y, por supuesto, se vive mejor con un aire menos contaminado y con precios más estables de la energía. Pero también se vive mejor sin filtraciones en la cubierta, ni roturas de bajantes; sin problemas estructurales, sabiendo con tiempo qué obras hay que hacer, para organizar la economía doméstica, contando con profesionales de confianza y pudiendo pagar las cuotas de la comunidad; sin que suba el alquiler de forma desmesurada o, peor, no se renueve el contrato por pura especulación; se vive mejor sin ahogarnos en procesos largos y tediosos para solicitar licencias o ayudas, con financiación disponible y un acompañamiento adecuado.
La rehabilitación ha de ser una herramienta integrada en las políticas urbanas y rurales, que permita resolver problemáticas específicas y adaptadas en cada territorio, que conecte con las necesidades de la población con respecto a sus viviendas y edificios y que responda a la necesidad acuciante de vivienda asequible y digna. Es decir, los objetivos marcados por Europa han de sumarse a los específicamente planteados en cada territorio en materia de vivienda, regeneración urbana y calidad de vida. Y es desde ahí desde donde es posible conectar a la población con la cultura del cuidado de su edificio.
Es decir, el cambio hacia una cultura preventiva y de planificación con una visión global de nuestros edificios, hacia el mantenimiento y la rehabilitación que solucione problemas y nos lleve a vivir mejor, no se consigue sólo con subvenciones a determinadas obras que no están, generalmente, en el foco de interés de la gente. No se logra sólo con campañas de sensibilización sobre lo que contaminan las viviendas y los objetivos europeos en materia medioambiental. La administración y el sector han de apostar por el cambio comprometido, comprendiendo las necesidades de las personas que regentan y habitan los edificios, y buscando que rehabilitar se convierta en una solución para sus problemas. Se tiene que dar un verdadero cambio estructural.
Para eso la administración ha de dejar de ver la rehabilitación como un número a alcanzar (la conocida tasa de rehabilitación del 3%) y adquirir un verdadero compromiso con el impulso de ese cambio en su forma de funcionar:
– Se han de simplificar los procesos de licencias y ayudas, acortar tiempos y disminuir la burocracia.
– Es fundamental simplificar el lenguaje que utiliza. La administración ha comenzado a expresarse de una forma críptica, que resulta ininteligible para la mayor parte de la población.
– Apoyar el conocimiento global de los edificios a través, por ejemplo, del impulso y financiación a ese documento global de diagnóstico, que defina etapas de rehabilitación y un plan de mantenimiento.
– Ofrecer acompañamiento profesional a la población en todas las etapas del proceso, ya que la rehabilitación integral de un edificio supone un gran esfuerzo
Esta última parte es imprescindible para impulsar estos complejos procesos de rehabilitación. Tiene que existir un compromiso con la gestión de cercanía y capaz de dar respuesta a cuestiones jurídicas, financieras, fiscales, contractuales, de mediación… antes, durante y después de las obras. Ofrecer un acompañamiento a través de una hoja de ruta consensuada, que comprenda la complejidad y necesidades de cada etapa.
Y termino, rompiendo una lanza a favor del tremendo esfuerzo que está haciendo, y que tiene que realizar, la administración pública en la regeneración urbana de nuestras ciudades y pueblos. Una administración pública infra dimensionada, con dinámicas e inercias muy paralizantes y a la que pedimos que aborde, de forma simultánea, la tediosa gestión del día a día y el pensamiento creativo de la estrategia. No hay nada más resiliente y sostenible que un sólido y eficiente sistema público en materia de vivienda y rehabilitación, pero para ello, son necesarios recursos suficientes y estables, formación y una visión a corto, medio y largo plazo.
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